Alianza anticorrupción a la que EPN se unió en septiembre reclama ahora rendir cuentas

3 años
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Al menos 48 organizaciones civiles de 18 países denunciaron hoy que México se encuentra en una crisis estructural que trasciende a los partidos y distintos ámbitos de Gobierno, por lo que exhortaron a las autoridades a que rindan cuentas a la sociedad.

protestaayotzinapa

Las casi 50 organizaciones integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA, iniciativa multilateral de 63 países para promover  la transparencia y combatir la corrupción) exigieron la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la reparación de los daños a las víctimas y la imposición de sanciones a los involucrados en el crimen.

El comunicado fue emitido hoy desde San José, Costa Rica, donde se lleva a cabo el Encuentro Regional de las Américas de la AGA, organizado por los gobiernos y la sociedad civil de Costa Rica y México. Durante el evento, 43 jóvenes se retiraron de sus asientos y colocaron las fotografías de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto apenas el 24 de septiembre pasado, dos días antes de la desaparición de los normalistas. Peña dijo entonces, junto al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama: “Promoveremos que la transparencia y la rendición de cuentas sean prácticas cotidianas de todos los poderes y órdenes de gobierno de los países miembros.

México compartirá la experiencia de su reciente reforma constitucional en materia de transparencia. Con ello, mi país tendrá un sólido sistema nacional de transparencia, compuesto por un órgano federal y 32 órganos locales. Todos con autonomía para asegurar el derecho de acceso a la información pública”.

Ahora, la Alianza para el Gobierno Abierto le ha lanzado un reproche: “Las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio de este año; la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de tres más de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de este año; las más de 22 mil personas desaparecidas y, la proliferación de acciones legales y cuasi-legales para restringir los espacios cívicos a las voces de disenso, hacen evidente la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, así como la apremiante necesidad de que el Gobierno Mexicano informe de manera veraz, oportuna y clara y rinda cuentas a fin de generar confianza de parte de la sociedad”.

“México, como presidente de esta Alianza, debe fungir como ejemplo para los demás países y garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de Gobierno, poderes y la sociedad. La fragmentación existente entre las partes hace imposible que funja como guía y de cumplimiento a los objetivos de esta iniciativa”, agregó.

Entre los organismos mexicanos firmantes del documento están Capítulo México, Artículo 19; el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Gestión Social y Cooperación (GESOC) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el texto, advierten que ni la indignación ni el dolor deben vencer a la sociedad civil. “Es hora de que el Estado sepa que no toleraremos ni una simulación más (…). La sociedad civil mexicana y de 18 países apoyamos y hacemos propias las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos, y exigimos que el Gobierno Mexicano rinda cuentas y garantice un verdadero Estado de Derecho. Exigimos la búsqueda en vida, verdad, justicia y reparación para las víctimas. “.

AGA es una iniciativa multilateral conformada por 65 países con el fin de promover políticas públicas de transparencia. Creada en 2011, México es uno de sus ocho fundadores. En el marco de la alianza, los gobiernos asumen compromisos específicos que puedan traducirse en cambios concretos en la vida de las personas y, también, buscan construir una nueva relación entre Gobierno y sociedad, aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida pública de los países.

Entre las organizaciones que firman el exhorto a México figuran las argentinas Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIG), la Asociación por los Derechos Civiles y Directorio Legislativo de Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Chile Transparente, Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia y las costarricenses Colectivo por los Derechos Digitales y Fundación Acceso.

CIDH ACUERDA ASISTENCIA TÉCNICA  Este martes se formalizó el acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinde asistencia técnica en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. El acuerdo fue suscrito por representantes del Estado, de los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por el organismo, familiares de los desaparecidos y miembros de la CIDH.

“Con ello será posible poner en marcha el acuerdo de asistencia técnica a la brevedad, en el marco de la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014″, expresó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La CIDH solicitó entonces al Estado, entre otras cosas, que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos” y proteger la vida e integridad personal de los heridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Ese día, 6 personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos desaparecieron a manos de policías locales en colusión con miembros del Cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

El comunicado de la SRE indicó que las partes reconocieron que la formalización del acuerdo alcanzado el 12 de noviembre refleja el compromiso de concretar la asistencia técnica de la CIDH, “lo que complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dieron origen a dicha asistencia”. El objetivo del acuerdo es incorporar a un grupo interdisciplinario de expertos independientes que llevará a cabo acciones orientadas a la búsqueda de los desaparecidos, a la determinación de responsabilidades penales y a la atención integral a las víctimas, puntualizó el boletín.

Por parte del Estado, el documento fue suscrito en la Ciudad de México por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo; la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, y la subprocuradora, Mariana Benítez, de la PGR. En representación de los beneficiarios de las medidas cautelares firmó Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y por parte de la CIDH lo hicieron James Cavallaro, relator para México, y Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo.

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